Unión de Mutuas ha participado en la mesa de trabajo práctica organizada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia centrada en el proceso de Seguridad Social. La jornada ha reunido a distintos perfiles profesionales que intervienen habitualmente en este tipo de procedimientos. Por parte de Unión de Mutuas ha participado Juan Blasco, director del área jurídica de la Mutua, que ha estado acompañado en la mesa por Manuel Alegre, magistrado del juzgado de lo social n.37 de Madrid; María Isach, letrada del INSS-TGSS; y por Ricardo Fuster, graduado social.
Durante la sesión, se ha analizado el posicionamiento procesal, los intereses defendidos, la estrategia y los márgenes de actuación de cada interviniente. El magistrado Manuel Alegre ha incidido en la necesidad de incorporar buenas prácticas para evitar suspensiones de juicios y no ahondar en la saturación de los juzgados por cuestiones de competencia, falta de jurisdicción o de plazos. Además, el magistrado ha instado a que las partes «piensen en los medios de prueba más eficaces para probar los hechos que afirman». En este sentido, ha advertido de que las pruebas testificales no tienen sentido en una incapacidad temporal y ha subrayado que los peritos de parte «no deben basarse en la revisión de la prueba documental, sino que deben aportar pruebas objetivas, no una interpretación de lo que ya ha visto el servicio público de salud».
El director del área jurídica de Unión de Mutuas, Juan Blasco, ha explicado el funcionamiento interno de la Mutua en la gestión de demandas, donde cada caso es asignado a un letrado y a un perito. En este contexto, ha explicado que la inteligencia artificial jurídica especializada está suponiendo un salto cualitativo. «Yo estoy gratamente sorprendido, ya que tras introducir en el sistema la demanda, el expediente administrativo de la mutua, el expediente del INSS y la historia médica nos saca las líneas fuertes y la jurisprudencia aplicada». Durante la sesión, Juan Blasco también ha lamentado que en ocasiones los médicos y los inspectores de trabajo realizan afirmaciones y valoraciones que no les corresponden, ya que su labor es relatar al juez instructor lo que han visto, no entrar en juicios de valor. Juan Blasco también ha expresado su discrepancia con el INSS en algunos procesos de incapacidad temporal que se extienden más allá de los 365 días, donde lo que se practica son cuidados paliativos, no curativos, por lo que la incapacidad debería ser permanente, no temporal».
Por su parte, María Isach, letrada del INSS-TGSS en Castellón, ha incidido en que para solicitar una incapacidad permanente «las lesiones deben ser crónicas e irreversibles y el tratamiento médico debe estar agotado», y que la clave está en relacionar las limitaciones con la profesión habitual. En este sentido, ha explicado que la aportación de los informes del servicio de prevención no son vinculantes, como tampoco tienen valor las testificales de familiares y amigos porque no aportan nada objetivo.
El magistrado Manuel Alegre también ha detallado aspectos que contribuyen a agilizar el proceso, como elaborar las demandas con los datos básicos como la base reguladora, los periodos de cotización y los hechos incontrovertibles. En los procesos de incapacidad temporal, ha instado a acreditar las limitaciones funcionales, no las patologías ni aportar el historial médico porque «lo que se discute son las limitaciones de esas patologías, que tienen que ser permanentes y sin capacidad de recuperación». Finalmente, el magistrado de lo social ha recomendado que haya coherencia entre «lo que digo, lo que alego y los medios de prueba», ya que lo contrario conduce a desestimaciones y a ahondar en el colapso judicial.
Gracias a mesas técnicas como esta, Unión de Mutuas refuerza su alianza con los graduados sociales y su compromiso con el análisis jurídico y la actualización continua de las empresas mutualistas, autorizados RED y trabajadores autónomos, facilitando espacios divulgativos y de análisis que contribuyan a una gestión más eficaz de la Seguridad Social.
