“Los planes de prevención de riesgos penales suponen la implantación de una serie de medidas preventivas para evitar actuaciones ilícitas que dañen la economía, la propia empresa y la sostenibilidad del tejido empresarial”, según ha manifestado el director de Servicios Jurídicos de Unión de Mutuas, Juan Blasco, en la jornada La responsabilidad penal de la personas jurídicas, celebrada en Barcelona.
En la jornada, organizada por la Asociación Española de Directivos, AED, también han intervenido el presidente de la Comisión Jurídico-Fiscal de AED, Albert Collado, el Fiscal decano del Servicio de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Pedo Ariche, y el director de Consultoría en Garrigues, Fernando Sánchez-Mora.
En su intervención, el director de Servicios Jurídicos de Unión de Mutuas, Juan Blasco, ha abordado, desde un punto de vista práctico, cómo elaborar e implantar un Manual de Prevención de Riesgos Penales en las empresas, siguiendo el procedimiento llevado a cabo por Unión de Mutuas.
En este sentido ha destacado que el “Plan de prevención de delitos establece un marco de actuación basado en el buen gobierno y la buena gestión empresarial”. No puede ser un mero documento, sino que tiene que ser “eficaz, operativo, personalizado, vivo y contar con los mecanismos y recursos adecuados para su ejecución”.
Ha señalado que el plan debe de estar sometido “a una continua actualización” y que debe recoger la identificación de los riesgos penales así como la evaluación, el tratamiento y el control de los mismos.
Juan Blasco, ha destacado la importancia de contar con un Mapa de Riesgos, en el que “estén integradas la descripción de las actividades y áreas de trabajo donde se puedan cometer delitos así como su cuantificación, en función de su impacto y probabilidad”.
Igualmente, según ha indicado, es fundamental “poner todas las barreras necesarias” para evitar eventuales delitos, las acciones para conseguirlo, analizar el resultado y actualizar las medidas preventivas para minimizar el riesgo delictivo.
También ha asegurado que la eficacia de un Plan de Prevención Penal exige la implantación de un canal de denuncia efectivo, y ha destacado el papel del compliance officer, ó responsable de cumplimiento en la empresa, como órgano supervisor, abogando por “una composición interna y externa, con un reglamento de funcionamiento transparente, con un canal de denuncias directo, y con un sometimiento a auditorías externas”.
Además, Blasco ha recordado que desde mayo de 2015, Unión de Mutuas tiene la Certificación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención de Delitos en las Organizaciones, acreditado por AENOR. En ese momento fue la tercera entidad, en España, en obtener este certificado de buenas prácticas para impedir la comisión de delitos, poniendo todo tipo de barreras.
La certificación acredita que “Unión de Mutuas posee un sistema de gestión eficaz para la prevención de delitos, un sistema de gestión basado en la integridad de las conductas, dando un paso más en el compromiso ético con sus grupos de interés, la transparencia, y el desarrollo sostenible”.
También, según ha apostillado Blasco, la certificación constituye un ejemplo de buenas prácticas empresariales que “Unión de Mutuas hace extensiva al entramado empresarial trasladándoles la necesidad de adoptar medidas drásticas y efectivas para evitar conductas ilícitas en la actividad económica y empresarial”.
